En un contundente comunicado oficial emitido este viernes 13 de marzo de 2026 por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, y difundido por su canciller Yván Gil, el Gobierno de ese país suramericano rechazó de manera categórica las recientes acciones y declaraciones del Gobierno de Guyana sobre aguas que aún no son delimitadas.

La República Bolivariana de Venezuela calificó estos actos como una «usurpación de áreas marítimas» y una violación flagrante al Acuerdo de Ginebra de 1966, el único instrumento jurídico válido que reconoce la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

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El Gobierno venezolano recordó que la delimitación de espacios marítimos entre naciones con costas adyacentes exige obligatoriamente un acuerdo mutuo, tal como se reconoció en la declaración conjunta de 2011. Venezuela fue enfática al advertir que no tolerará que Georgetown dé por sentado el control sobre estos espacios para usufructuar recursos naturales, generar daños ambientales o fabricar derechos de navegación militar y comercial.

Ante este escenario de tensión, Caracas reiteró su compromiso con la defensa de su integridad territorial y exigió a Guyana cesar su «narrativa altisonante» y retomar la única vía posible para resolver el conflicto: las conversaciones directas entre ambos Estados, bajo la histórica premisa de que «el sol de Venezuela nace en el Esequibo».

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En días previos, el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana informó sobre sus planes de iniciar una campaña de exploración sísmica tridimensional en la zona aún sin delimitar.

Tras este anunció el Gobierno Boliviariano ya había emitido un comunicado previó publicado el 11 de marzo, en el cual precisó que «no reconoce ni reconocerá ninguna concesión, licencia ni actividad de exploración o explotación de recursos naturales que haya sido otorgada unilateralmente por el Gobierno de Guyana en las áreas en disputa.

Asimismo precisó que tales pretensiones representa una abierta contravención de principios fundamentales del derecho internacional.

En este sentido, Venezuela fue enfática al exigir al Gobierno guyanés que se abstenga de realizar actos que lesionen los principios de derecho consuetudinario. El documento subraya la prohibición de adoptar medidas que puedan crear o agravar diferencias, instando a Guyana a no alejarse del marco legal internacional ni de los acuerdos rectores vigentes.

Esta nueva escalada de tensiones se enmarca en la histórica disputa territorial por el Esequibo, donde Venezuela ratifica la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966. Este instrumento jurídico, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el único marco legal válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, invalidando el írrito Laudo Arbitral de París de 1899, el cual Caracas denuncia como un fraude colonialista que pretendió despojar al país de su territorio soberano.

El anuncio de Guyana representa además una flagrante violación a la Declaración de Argyle, firmada en diciembre de 2023 por los presidentes Nicolás Maduro e Irfaan Ali en San Vicente y las Granadinas. En dicho acuerdo, ambas naciones se comprometieron formalmente a mantener la región como una zona de paz y a abstenerse de cualquier acción, de palabra o de hecho, que pudiera intensificar el conflicto en las áreas marítimas y terrestres pendientes de delimitación.

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